Ingrid Duarte
  •   Granada, Nicaragua  |
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Una mujer originaria del municipio de Diriomo está pidiendo se castigue a un profesor de una escuela ubicada en la comunidad rural Caña de Castilla, porque en 2003 violó en reiteradas ocasiones a su hija de ocho años, que cursaba el cuarto grado de primaria, pero ella denunció hasta 2012, cuando el caso ya había prescrito.

La desconsolada mujer refirió que de la delegación del Ministerio Público de Granada le notificaron que la causa penal fue cerrada, porque el delito ocurrió hace casi una década.

La señora explicó que la denuncia fue interpuesta hasta en octubre de 2012, debido a que ella desconocía sobre la tragedia, porque la niña nunca tuvo la confianza de contarle la tragedia que sufría.

“Ella solamente se le contó a su madrina, pero la madrina nunca me lo dijo, ni siquiera antes de morir. Yo supe hasta el año pasado y fue entonces que interpuse la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional de Granada, luego nos remitieron a Medicina Legal y ahí confirmaron la violación”.

Supuestamente la menor fue violada en el interior de la bodega de la escuela, adonde el victimario presuntamente la llevaba en horas de clase, bajo la amenaza de matar a sus padres si no accedía a sus deseos.

Explicación jurídica

A través de un documento oficial, la fiscal especializada en género, Samia Aguirre Alarcón, explicó que los hechos se circunscriben en un tiempo en el que el Código Penal actual no había entrado en vigencia.

“Las circunstancias de tiempo se trasladan a hace nueve años, en este caso el Ministerio Público no puede iniciar proceso, porque el límite temporal en el que puede promoverse la acción penal expiró, eso trae como consecuencia además la extinción del derecho a ejercerla”, señala el documento en su parte medular.

La decisión fue ratificada por la fiscal departamental, Vanessa Codero Espinoza, quien respondió que “habiendo finalizado el término en el que el Ministerio Público obtiene la facultad legal --como titular de la acción penal-- para intentarla ante los tribunales de justicia, esta representación no tiene más confirmar la resolución emitida por la fiscal Aguirre Alarcón”.