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Por los delitos de revelación de información reservada y acceso a información pública reservada, Tosca Alexandra Altamirano Barreda, trabajadora de la Dirección de Catastro del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter, podría pasar ocho años en prisión, mientras, Túpac Amaru Aguilar Beteta, que también trabajó para esa institución, podría enfrentar una pena de cinco años.

El fallo de culpabilidad para ambos exempleados del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, fue emitido por la jueza Décimo Distrito Penal de Juicio de la capital, Nancy Aguirre.

En la audiencia de debate de pena, el representante judicial del Estado pidió ocho años de prisión para la joven Altamirano, y cinco para Aguilar, aunque el defensor de este último solicitó el beneficio de suspensión de pena, porque la sanción a imponer sería menos que correccional, por no exceder los cinco años de cárcel y no tener antecedentes penales.

Según el proceso judicial, Túpac Amaru Aguilar fue declarado culpable del delito de tráfico de influencia, porque se valía de su relación personal con Tosca Altamirano para sacar información de la Dirección de Catastro del Ineter.

Habían creado empresa

La información clasificada sustraída, que es información confidencial y sólo el Estado puede manejar, era utilizada por Aguilar y por Altamirano en la empresa creada por ellos, denominada “TGA, S.A”, en la cual prestaban servicios topográficos.

Los sentenciados sustraían del Ineter planos topográficos de los barridos catastrales, datos catastrales de zonas especiales de protección fronteriza y fichas catastrales de propiedades del Estado, que luego utilizaban en su empresa, según alegaron la Fiscalía y la Procuraduría.

Los reos también se apropiaban de planos y de fotos satelitales de propiedades estatales, de las cuales, en particular, se interesaban los clientes de la empresa “TGA, S.A”, según se demostraron en el juicio los abogados de la Fiscalía y de la Procuraduría.

Delitos graves

“Los ilícitos por los cuales fueron declarados culpables los socios, Altamirano y Aguilar, son graves, por ser ciber delitos que afectan a terceros --en este caso el Estado--“, dijo el representante de la Procuraduría General de la República.

La lectura de sentencia para los acusados fue programada por la judicial para el próximo viernes a las 10:00 a.m.