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“Si la justicia no viene del Estado de Nicaragua, va a venir de Dios”, dijo llorando una dama de 38 años, que tras varios años a la espera de justicia para su hija, supuestamente abusada por un militar, vio cómo en menos de 3 días este logró que le revocaran la orden de captura que había en su contra y le decretaran medidas alternas mientras hoy se decide si va o no a juicio.

El juicio por la presunta autoría de abusos sexuales en perjuicio de la menor de edad se ventila en el Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, donde este viernes se celebrará la audiencia inicial del proceso que se le sigue a un mayor de apellido González.

En el acta de la audiencia preliminar, el juez Abelardo Alvir Ramos explicó que, si le decretó medidas alternas a la prisión, fue porque la representante del Ministerio Público así lo pidió.

Además, “el acusado se ha presentado de forma voluntaria al llamado de esta autoridad, dando a entender que quiere someterse al proceso”, explicó el judicial.

ANTECEDENTES

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, considera como una anomalía la celeridad con que el juez revocó la orden de captura contra el acusado, el 27 de noviembre, y convocó a audiencia preliminar para el 28 “sin notificar a la víctima”, luego le decretó medidas alternas a la prisión preventiva, pese a que se trata de un delito de orden sexual en perjuicio de una menor de edad.

Si bien es cierto la Ley 745 de ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, Cuevas considera que el judicial debió proteger los derechos de la niña y mandar a la cárcel al acusado, para que no hubiese intimidación, como ocurrió, porque el padre biológico de la pequeña, quien está de parte del señalado, la recriminó, diciéndole: ‘decí la verdad’.

Este caso se remonta a 2009, pero fue hasta este año que el Ministerio Público acusó a González, porque la madre de la víctima denunció al Estado nicaragüense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le pidió al cardenal Leopoldo Brenes que la acompañara “en su calvario” por la obtención de justicia.

El acusado tiene prohibido salir del país, debe presentarse a firmar ficha de control todos los miércoles y no puede visitar sitios donde se expendan bebidas alcohólicas.