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GRANADA
Con antimotines ubicados desde la entrada al Hospital Amistad Japón-Nicaragua, la mañana de ayer se realizó la audiencia inicial en el caso de la niña de siete años que el pasado miércoles siete de enero fue violada y asesinada en el barrio San Ignacio de El Pantanal, en el municipio de Granada. La actividad que estaba prevista para las diez de la mañana de hoy viernes, fue adelantada para las siete, debido, supuestamente, a la decisión de los miembros de la Comisión Territorial Contra el Abuso Sexual y de los vecinos y familiares de la víctima, de llegar a hacer un plantón frente a los tribunales.

A las oficinas del Juzgado de Distrito de Audiencias solamente tuvo acceso el juez Jaime Rizo Pereira, la fiscal auxiliar del Ministerio Público, Samia Aguirre, los comisionados Ramón Avellán y José Luis Cárcamo, la subcomisionada Lillyam Aguilar, un defensor de oficio, y el acusado, Humberto José Herrera Gutiérrez, de 37 años, apodado “El Gato”.

Pese a la estrategia de las autoridades, los habitantes de El Pantanal llegaron una hora después, pero por disposición policial tuvieron que conformarse con delegar a cinco líderes comunales para que entraran a los pasillos de los juzgados, desde donde gritaron: “Asesino, asesino”.

Al respecto, el juez refirió que casos como éste, en los que hay violación y abundante información de la víctima, deben tratarse con sumo cuidado. “Existen los dictámenes post mortem, las ampliaciones, los elementos testimoniales y documentales que establecen la relación entre el hecho mismo. No queda más que tenerlo en prisión preventiva y brindarle seguridad para que comparezca a juicio”, explicó el juez Rizo Pereira.

Juicio en breve
Según el titular del Juzgado, a petición de la madre de la niña, quien solicitó el menor tiempo posible para que se aplique la justicia, el juicio está previsto para el viernes 30 de enero.

La fiscal Aguirre manifestó que entre las pruebas presentadas está la declaración de la madre, la de los vecinos que encontraron a la niña en el fondo de la letrina de cinco metros de profundidad y las declaraciones periciales de los forenses que la examinaron. “Ellos determinan que la niña murió por falta de oxígeno en el cerebro como consecuencia de los golpes, incluyendo la agresión sexual, el estrangulamiento para callarla durante la violación y lesiones que le causaron una hemorragia severa”, aseguró Aguirre.

Magistrado deslinda responsabilidad
Por otro lado, en relación a los dos antecedentes de violación y la libertad de la que gozaba el responsable, el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada (TAG), Roberto Rodríguez Baltodano, aclaró que no fueron ellos quienes tomaron la decisión como se ha estado especulando, sino un jurado de conciencia.

“Nadie puede cambiar el veredicto de un jurado de conciencia. La única manera de hacerlo es demostrando que el jurado agarró dinero, que fue amenazado o que a sus miembros le ofrecieron algún tipo de beneficio, de lo contrario no es posible. Pero no fue el Poder Judicial el que lo dejó en libertad, fue un jurado de conciencia, y el Ministerio Público pudo apelar, aunque no sé si realmente lo hizo”, enfatizó Rodríguez Baltodano.

“Ahora van a decir que deberíamos cambiar la ley, porque los jurados de conciencia se prestan a este tipo de cosas, pero eso sucede en los Estados Unidos, Europa y en casi toda América Latina. Hay que recordar también que los jurados son de mucho beneficio cuando un juez está parcializado y ayudan a hacer justicia”, remarcó el magistrado.