Fermín López
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PUERTO CABEZAS, RAAN
El ciudadano de nacionalidad cubana Miguel Pérez Reyna se quitó la vida en la celda de los Juzgados de Puerto Cabezas, adonde la mañana del lunes había sido llevado y comparecido en la audiencia inicial por las lesiones graves que provocó a su cónyuge, Azucena Morales, a quien habría propinado tres estocadas el pasado sábado.

Según testimonio de personas allegadas a la pareja, el extranjero supuestamente venía presentando problemas de esquizofrenia desde hacía unos cinco meses, y hubo momentos en que decía frases fuera de lugar y sin sentido, situación que supuestamente estaba bajo tratamiento de médicos en esta ciudad.

Se entregó a autoridades

El problema de desequilibrio mental de Miguel Pérez llegó al límite de que el pasado sábado, sin discusión, hirió gravemente a su pareja y luego se entregó a la Policía, dijeron los testigos.

La Policía, desconociendo el estado mental del hombre, lo encerró en las cárceles preventivas y el lunes, después de haber comparecido ante el juez de Audiencias fue conducido a la celda que se ubica en los predios del juzgado y minutos después fue encontrado muerto.

El médico forense Juan Bautista Carrasco manifestó en su dictamen que el hombre murió por ahorcamiento, para lo cual usó una calceta, de la que se ignora si le pertenecía a él o a alguien más.

Mientras tanto, su compañera de vida se debate entre la vida y la muerte en la sala de Cuidados Intensivos del Hospital Nuevo Amanecer, presentando un diagnóstico complicado, pues se menciona perforación del intestino delgado, hígado y pulmones.

Imágenes captadas por un camarógrafo de un canal local de televisión muestran al cubano llorando durante la audiencia y repitiendo las palabras: “Yo no quería hacerlo... yo no tengo familia...”.

Sin embargo, en horas de la tarde del lunes, conocidos del finado retirarían el cuerpo del hospital donde había sido trasladado, para velarlo y darle cristiana sepultura.

EL NUEVO DIARIO trató de conocer la versión de la Embajada de Cuba, en Managua, pero allí dos funcionarios declinaron emitir opinión del caso, aduciendo que desconocían lo que había ocurrido.