•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

Las autoridades de Costa Rica informaron hoy del arresto de cinco personas de nacionalidad costarricense sospechosas de integrar una banda que explotaba sexualmente a mujeres migrantes nicaragüenses, incluida una menor de edad.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) explicó que los hechos ocurrieron el viernes en la localidad de Upala, fronteriza con Nicaragua, en donde el grupo utilizaba un bar para prostituir a las mujeres.

"En este golpe a la estructura criminal se logra el rescate de seis mujeres, entre ellas una menor de edad, quienes se dedicaban a la actividad sexual en el lugar. Las mismas son abordadas con atención integral inmediata a través de profesionales en psicología y trabajadores sociales", indicó la DGME en un comunicado.

Todas ellas se encuentran en condición migratoria irregular.

La organización estaba liderada por dos mujeres de apellidos Martínez Laínez y Murillo Martínez, madre e hija respectivamente, y además participaban tres hombres: Pérez Noguera, Barrios Álvarez y Montoya Campos, este último policía.

Cada miembro del grupo se expone a penas de cárcel de hasta 16 años por los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con el agravante de que una de las víctimas es menor de edad.

Según la DGME, el grupo captaba a las mujeres en Nicaragua y las trasladaba a Upala (norte de Costa Rica), bajo el engaño de que las iban emplear como meseras en el bar, pero una vez en el sitio las obligaban a prostituirse.

El policía que aparentemente era miembro del grupo criminal se encargaba avisar a los demás cuando las autoridades iban a llevar a cabo algún operativo en el sitio.

En ese momento otros integrantes del grupo sacaban a las mujeres del bar y las escondían en el bosque.

Los sospechosos se encuentran a las órdenes del Ministerio Público y las víctimas fueron trasladaron a un lugar seguro para salvar guardar su integridad física y psicológica, explicó la DGME.

La investigación de este caso se extendió por seis meses y fue llevada a cabo por la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

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