Lizbeth García
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Porque no reunían los requisitos para hacerse acreedores de la libertad, la jueza Tercero Penal de Juicios de Managua, Rosario Peralta, se las negó a Germán Huete Zeledón y a Ernesto López Mayorga, quienes están acusados por el asesinato del auditor Denis Francisco Molina.

“Si bien es cierto nuestro Código (Procesal Penal) contempla que después de un mes el juez puede, de oficio o a petición de parte, revisar las medidas cautelares, existen parámetros que se deben cumplir para hacerse merecedores de un cambio de medidas, y no basta con decir que las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión han variado, hay que demostrarlo”, precisó la judicial.

Los abogados de los acusados, Bismarck Araica y Benjamín Dávila, esperaban que la juez sustituyera la prisión por el arresto domiciliar con custodia, bajo la premisa de que Huete y López ya han estado detenidos dos meses y tienen buen comportamiento en el penal de Tipitapa, pero la fiscal Carmen Marina Ulmos señaló que es lógico que ahí se porten bien, porque existen normas disciplinarias, pero eso no cambia el hecho que una persona fue privada de la vida violentamente.

Huete supuestamente es la persona que conducía la moto en la que se movilizaba el sicario que le quitó la vida a Molina de un disparo en la cabeza, hecho acaecido en la pulpería “Rosita”, en el barrio San Luis, el seis de febrero.

López era responsable de logística de la empresa transnacional para la cual trabajaba la víctima, que fue asesinada porque descubrió la sustracción de productos.

La Fiscalía señala a este personaje como el supuesto autor intelectual del asesinato, lo que deberá demostrar en juicio el próximo 23 de abril, porque la semana pasada, la judicial intentó integrar el tribunal de jurados para juzgarlos, pero no hubo quórum porque sólo comparecieron seis candidatos, de los cuales uno se excusó porque ya había sido jurado y otros tres fueron recusados sin causa.

La viuda Miurel Aráuz dijo que hasta el momento la compañía para la que trabajaba su esposo no le ha prestado ayuda ni le ha pagado seguro alguno, bajo la hipótesis de que el asesinato no es vinculante con la función de contralor o auditor que ejercía Denis Francisco Molina hasta el día de su muerte.