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En un hecho poco usual, un joven de 18 años recuperó la memoria para llegar a señalar, en el último día del juicio, a quienes la madrugada del 1 de agosto del 2018 lo dejaron inconsciente en una calle del barrio René Cisneros, en Managua.

Kenner Obregón Centeno es el joven que después de permanecer en estado de coma varias semanas en un hospital, recobró la conciencia y este viernes 31 de mayo se presentó a los tribunales para declarar y hundir a los hermanos José Francisco y Mario Rafael Potoy Vargas.

El testimonio incriminatorio brindado de manera coherente por Kenner Obregón fue determinante para que la jueza suplente Sexto Distrito Penal de Juicio de la capital, Aracely Rubí, declarara culpable a los hermanos Potoy Vargas.

Defensoría impugna testimonio

La declaración de Kenner Obregón fue aceptada por la jueza Rubí como prueba nueva o sobrevenida, porque el testimonio de la víctima no fue ofertado como prueba por la Fiscalía; porque no había seguridad de que recuperara la menoría.

La resolución de la judicial de dar valor probatorio al relato del joven, quien ahora padece de epilepsia y trastornos mentales leves, como consecuencia de la golpiza que recibió, fue protestada por la defensora pública, Glenda Zúniga.

La decisión de la jueza de dar valor al testimonio de la víctima fue protestada por la defensora pública, Glenda  Zúniga. Archivo/END

“Para a que sea aceptada la declaración de la víctima como prueba sobrevenida, debemos tener un dictamen médico que nos indique que él está en plenitud de facultades (mentales) para brindar su testimonio”, reclamó la defensa de los hermanos Potoy Vargas.

Ante el cuestionamiento de la defensa de los imputados, la jueza Aracely Rubí señaló que en el expediente judicial rola un dictamen médico legal donde se indica que en ese momento (3 de agosto del 2018) no se podía determinar si Kenner Obregón podría o no recuperar la memoria.

Fiscalía pide 25 años

Al final del juicio, José Francisco y Mario Rafael Potoy Vargas, fueron declarados culpables por asesinato agravado en grado de frustración y por eso la fiscal auxiliar, Lucía Sandoval, pidió que sean castigados con 25 años de prisión.

Por su parte, la defensora pública, Glenda Zúniga, pidió una pena atenuada o menos gravosa para sus representados al solicitarla la mitad de la pena mínima del delito consumado, es decir, seis años y tres meses de privación de libertad.

La agresión que desencadenó en el asesinato frustrado fue represalia porque la víctima impidió que los hermanos Potoy Vargas le robaran a un transeúnte que la madrugada del 1 de agosto regresaba a su casa en el barrio René Cisneros.