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En un hecho poco usual, un joven de 18 años recuperó la memoria  para llegar a señalar, en el último día del juicio, a quienes la madrugada del 1 de agosto del 2018  lo dejaron  inconsciente  en una calle del barrio René  Cisneros, en Managua.

Kenner Obregón Centeno  es el joven que después de permanecer  en estado de coma varias semanas en un hospital, recobró la conciencia  y este viernes 31 de mayo se presentó a los tribunales para declarar y hundir a los hermanos  José  Francisco y Mario Rafael Potoy Vargas.

El testimonio incriminatorio brindado de manera coherente por  Kenner  Obregón  fue determinante para que la jueza suplente Sexto Distrito Penal de Juicio de la capital, Aracely Rubí, declarara  culpable a los hermanos Potoy Vargas.

Defensoría impugna  testimonio

La declaración  de  Kenner  Obregón fue aceptada por la jueza  Rubí como prueba nueva o  sobrevenida,  porque el testimonio de la víctima no fue ofertado como prueba por la Fiscalía; porque  no había seguridad de que recuperara la menoría.

La resolución de la judicial de dar valor probatorio al relato del joven, quien ahora padece de epilepsia y trastornos mentales leves, como consecuencia de la golpiza que recibió,  fue protestada por la defensora pública, Glenda  Zúniga.

La decisión de la jueza de dar valor al testimonio de la víctima fue protestada por la defensora pública, Glenda  Zúniga. Archivo/END

“Para a que sea aceptada la declaración de  la víctima como prueba sobrevenida,  debemos tener un dictamen médico que nos indique que él está en plenitud de facultades (mentales) para  brindar su testimonio”, reclamó  la defensa  de los hermanos Potoy Vargas.

Ante el cuestionamiento de la defensa  de los  imputados, la jueza Aracely Rubí señaló que en el expediente  judicial rola un dictamen médico legal donde se indica que  en ese momento (3 de agosto del 2018) no se podía determinar si Kenner  Obregón podría  o no recuperar  la memoria.

Fiscalía pide 25 años

Al final del juicio,  José Francisco  y Mario Rafael Potoy Vargas, fueron declarados culpables  por asesinato  agravado en grado de frustración y por eso la fiscal auxiliar, Lucía Sandoval, pidió que sean castigados con 25 años de prisión.

Por su parte, la defensora pública, Glenda Zúniga, pidió una pena atenuada o menos gravosa  para sus representados al solicitarla  la mitad de la pena  mínima del delito consumado, es decir,  seis años y  tres meses de privación de libertad.

La  agresión que desencadenó en el asesinato frustrado fue represalia porque  la víctima impidió que  los hermanos Potoy Vargas le robaran a un transeúnte que la madrugada del 1 de agosto  regresaba a su casa en el barrio René Cisneros.