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El empresario Roberto Estrada Zamora, a quien en la Sala Pena l Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), en fecha reciente le confirmaron la condena de 38 años de prisión por femicidio y violencia psicológica en perjuicio de su esposa Sarybel Abad Urcuyo y sus hijastras, reclamó un “juicio justo”.

“Lo que estoy pidiendo es un juicio donde se me permita hablar con mis abogados, no se me ha permitido hablar con mi abogado”, denunció el empresario Roberto Estrada condenado a 30 años de prisión como autor intelectual del crimen de su esposa , Sarybel Urcuyo, quien fue asesinado el 4 de julio del 2018.

Roberto Estrada externó su reclamo ante el secretario de la Sala Penal Especializada en Violencia, Bayardo Zelaya, quien le notificó la sentencia de segunda instancia, donde también se le condena a cinco años de cárcel por violencia patrimonial  y tres más por violencia psicológica contra sus hijastras y su asesinada esposa.

Aunque las totalidad de las condenas suman 38 años, Roberto Estrada solo cumpliría 30 de cárcel por ser esa la pena máxima en Nicaragua.

Roberto Estrada, quien llegó a los tribunales bajo el resguardo de siete oficiales de las Tropas de Intervención Rápida del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), dijo que las autoridades del penal no le han permitido ejercer su defensa material, impidiendo que se reúna con sus abogados.

Empresario condenado por femicidio de su esposa / Archivo

Ante el reclamo del sentenciado (Roberto Estrada) el abogado Ernesto Hermida, quien actúa como acusador particular, dijo que “no es cierto que él haya sido condenado sobre la base de un proceso  injusto”.

“En todo momento al señor Roberto Estrada se le han respetado su derecho a la defensa y prueba de ello es que el señor Roberto Estrada ha cambiado dos veces de abogado defensor”, señaló el acusador particular.

Finalmente Roberto Estrada también reclamó porque los jefes del SPN no han cumplido con la orden emitida por el juez de primera instancia de que lo llevaran al Instituto de Medicina Legal, para que un médico forense determine si él puede o no estar bajo régimen carcelario por los problemas de salud que asegura padecer.