• CONDEGA, ESTELÍ |
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Aunque Condega es una ciudad relativamente pequeña, la expectativa que existe en torno a la sentencia que recibirá este jueves una joven que se deshizo de su hijo de doce semanas de gestación por medio de un aborto, es grande.

Los principales protagonistas de este caso son una joven de 21 años de iniciales H.A.P, el hombre casado que la embarazó y la mujer que él contrató para que indujera el aborto.

La joven de 21 años admitió los hechos, en tanto su amante y la dama de 30 años que supuestamente indujo el aborto, enfrentarán juicio este jueves.

La mujer que provocó el aborto, de iniciales E.R.V., explicó que desde el día de los hechos se auto recluyó en su casa situada en un recodo de la ciudad, porque ha recibido todo tipo de comentarios adversos, tanto de las autoridades como de los habitantes de Condega que apoyan la postura católica y que la señalan como una mercader de la muerte.

Serena y segura de sí misma negó de manera tajante la acusación: “Pienso que como nadie le ayudó, ella (H.A.P.) solita se lo hizo”, afirmó.

Una pequeña mentira

“Entonces (como nadie la ayudó) tuvo que agarrarse de mí”, agregó la mujer, quien reveló que es enemiga de H.A.P. desde 1995, cuando supuestamente esta última anduvo con su marido.

Pero como las matemáticas no mienten, la afirmación de E.R.V. caen por su propio peso porque si H.A.P. tiene actualmente 21 años, significa que nació en 1988, de forma tal que en 1995 apenas contaba con siete años.

Pese a la inconsistencia en el relato de la supuesta inductora, ella sigue afirmando que la joven de 21 años “cubre a alguien, y yo aquí estoy siendo la perjudicada por algo que no cometí”.

“¿Verdad que usted no le haría un favor a alguien que sea su enemigo?”, pregunta la mujer al tiempo que se auto responde: nunca, por tanto ella no debió buscarme a mí, sino a otra persona íntima”.

E.R.V. se quejó del supuesto engaño con el que fue llevada a la Policía para que respondiera “por el problema de su hijo adolescente”, lo cual era falso, y cuando trató de regresar a su casa, una policía le notificó su arresto. Estando tras los barrotes, se enteró de que la acusaban.

Adujo que en un inicio le costó saber quién era la persona que la involucraba en el caso, hasta que le mencionaron el apellido. “¡Ah, ya sé!”. Entonces ya me quedé tranquila. Se trata de una enemiga que tengo mucho tiempo de no ver y que es sobrina de mi padrastro”, fue lo que E.R.V se dijo en ese momento.

“Me da miedo la sangre”

Señala que nadie le puede acusar de abortista, porque ni siquiera tiene conocimientos de enfermería. “Hasta la sangre me da miedo; tendría que saber algo de algo”, esgrimió.

“Si ella (su denunciante) mencionó la fecha 30 de mayo, no es posible que haya estado con ella (practicándole un aborto), porque todos los Días de las Madres y el dos de noviembre mi familia se reúne conmigo en mi casa, y yo los atiendo y no puedo salir”, precisó.

“¿Quién no quiere tener más hijos a estas alturas? Gracias a Dios ahí están los hijos que he querido tener (una hembra y un varón) y sigo con ganas de tener más, por eso también tengo dos hijos adoptados desde que tenían 7 meses, ahora son adolescentes. Más bien me he dedicado a criar hijos abandonados”, agregó para reafirmar su aversión al aborto como tal.

Mientras hablaba con EL NUEVO DIARIO, la dama de 30 años sostenía entre sus manos una Biblia, porque afirma es muy católica.

Explicó que a lo que se dedica es a hacer pies y manos, actividad con la que se puede ganar fácilmente 600 córdobas en un día. También vende prendas de plata y lencería de marca reconocida, actividad con la que puede obtener ingresos de 1,500 córdobas por día.

Estrenando ley antiaborto

El guión de esta historia judicial con la que “se estrenó” en Condega el artículo 143 del nuevo Código Penal nicaragüense, inició cerca de la medianoche del 12 de agosto pasado, cuando H.A.P se presentó al centro asistencial con camas “Ada María López” a pedir asistencia médica para salvar su vida.

A partir de ese momento, la joven asumió las consecuencias penales que vendrían para ella y resto de acusados.

Los médicos encontraron el feto deformado, porque fue extraído de la matriz con dificultad, pero además descubrieron que había un objeto entre la vagina y el útero de la dama: era la sonda con la que le succionaron la vida al niño en gestación.

Inmediatamente la mujer fue sometida a un legrado y la sonda que encontraron en su organismo se convirtió en prueba material del delito.

Las autoridades médicas dieron parte a la Policía, mientras la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Regional San Juan de Dios, de Estelí.

Policía denuncia

“Quien denunció el caso fui yo, por ser un delito de orden público. Si yo no lo denuncio como autoridad me convertiría en un cómplice”, explicó el subcomisionado Eddy Peralta, jefe policial en el municipio.

Independientemente de las razones que llevaron a la dama a tomar la decisión de abortar, el jefe policial señaló “que no había vuelta de hoja”, porque se trataba de un delito cometido casi en flagrancia, mismo que causó revuelo en la pequeña ciudad.

Ninguno de los tres implicados en el caso quiso dar su versión. La mamá de la principal protagonista de la historia salió a la acera de su casa para explicar que su hija estaba en Estelí realizándose unos chequeos médicos, por lo que no podía atender a END.

No obstante, otras fuentes que conocen detalles del hecho, dijeron que la dama está muy deprimida porque por medio de la radio local, la gente opinó y pidió que le apliquen la ley con todo el rigor. A partir de ese momento, la acusada se volvió “alérgica” a los periodistas.

Según las fuentes, a ella le habían prometido en el centro de salud no sacar el caso a luz pública si revelaba los nombres de las personas involucradas en el aborto, pero la engañaron, porque la filmaron, le tomaron fotos con un teléfono celular y hasta los empleados de menor rango entraron a la sala de parto para verla, cuando se enteraron de que se trataba de una paciente con un aborto provocado.

No quería hijos con la amante

No fue posible confirmar si en realidad la paciente recibió dicho trato, porque la directora, quien es la única autorizada para dar declaraciones, no se encontraba en el lugar, sin embargo la versión policial indica que la joven sí confesó en el Centro de Salud, pero lo hizo como parte del interrogatorio clínico al que toda paciente es sometida para el historial médico.

La dama dijo que fue su amor ocasional, un joven de iniciales D.J.O.L., el que le pidió que se hiciera el aborto “porque no quería problemas con su esposa y su familia”, e incluso fue él quien se encargó de buscar a la mujer que le haría “el trabajo”.

Desde el día que el caso salió a luz pública, D.J.O.L. “desapareció” de la faz de Condega, porque aunque tiene un domicilio reportado en el expediente judicial del caso, no se le puede hallar ahí, y lo único que se sabe de él es que está cumpliendo con las medidas cautelares que le decretó la autoridad judicial en la audiencia inicial del proceso donde figura como “cooperador necesario” de aborto.

Mil córdobas por un aborto

Pero en la versión que el infiel dio a la Policía, la que rola en el expediente policial, reafirmó lo dicho por su amante: él llamó por teléfono a la mujer que preparó el aborto y le pagó mil córdobas “porque no quería clavos con su esposa”

Supuestamente el primer intento por deshacerse de la criatura en gestación se hizo irónicamente el 30 de mayo, el Día de las Madres, y el segundo y decisivo fue el 12 de agosto.

Después de las dos primeras audiencias, la principal protagonista de esta historia decidió declararse culpable o aceptar los hechos”, y por tanto no queda más que oír la sentencia.

El Fiscal Arsenio Medina ha solicitado a la autoridad judicial que castigue a la joven que no quiso ser madre, con un año y tres meses de cárcel, 210 días menos que la pena máxima indicada en el artículo 143 del Código Penal.

Un juicio “con cola” eclesial y política
El caso en Condega ha tenido resonancia eclesial, política y social, porque desde que Daniel Ortega Saavedra retornó al poder, quedó derogado el artículo referido al aborto terapéutico y penaron la práctica del aborto cualquiera fuesen las circunstancias que lo motivasen.

El nuevo Código Penal incluso amenaza con mandar a la cárcel a los profesionales de la medicina que se encuentren involucrados en un aborto.

El interés de la Iglesia por el castigo a los abortistas es una realidad, porque se supo que los sacerdotes de la parroquia visitaron la Policía para recopilar hasta los mínimos detalles que rodean el proceso judicial que se les sigue en Condega a las tres personas involucradas.

En la otra acera está la Red de Mujeres contra la Violencia, que respalda a las dos mujeres acusadas, argumentando que la penalización del aborto atenta contra la vida de las mujeres y sus derechos, porque aunque tengan riesgo de aborto no optan por la asistencia médica pública o privada, por temor a ser enjuiciadas y satanizadas.

Sobre este mismo caso, la Red envió un informe a Amnistía Internacional, mientras la jueza María Victoria Miranda se prepara para golpear el martillo y abrir juicio para el marido que ordenó el aborto y la mujer que supuestamente lo realizó.