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Una prueba de ADN puede marcar la diferencia entre recibir cristiana sepultura o ser enterrado en la fosa común con otras personas, a quienes sus parientes no pudieron reconocer o simplemente no quisieron darle un sepelio digno.

Se llama fosa común al lugar donde se entierran los cadáveres que por diversas razones no tienen sepultura propia. Las fosas comunes han sido, a lo largo de la humanidad, un método muy usado para disponer de los cadáveres de dos o más personas.

Anualmente unos 600 cuerpos son sometidos a autopsias en el Instituto de Medicina Legal, IML, para determinar la causa de su deceso, pero al menos 12 de esos cuerpos no son retirados por sus familiares por distintas causas.

Las principales razones por las cuales los cuerpos sin vida no son retirados de la morgue del IML, en la mayoría de los casos, es porque la víctima era extranjera, indigente o estaba devorada por las aves de rapiña.

También hay casos donde los familiares de la víctima desisten de llevárselo para darle cristiana sepultura, porque no tienen dinero para los gastos fúnebres.

Independientemente de la causa para no reclamar un cuerpo, los familiares de quienes han terminado en la fosa común no hablan de eso, porque de cierta manera es un estigma para ellos. Son vistos como personas deshumanizadas y sin respeto por la dignidad que merece un fallecido.

Desde que se fundó el Instituto de Medicina Legal, hace diez años, año con año realizan un promedio de dos entierros de desconocidos en los cementerios públicos, pero este año, por razones presupuestarias, sólo se ha hecho uno.

No hay plata
para entierros
El doctor Hugo España, forense del IML, recordó que hace varios años una anciana le dijo que no retiraría el cadáver de su hijo, porque no tenía dinero para cubrir el costo del sepelio.

“La mayoría de las personas a las que el IML entierra sin ser identificadas, son indigentes que eran adictos a algún tipo de droga”, señaló el forense.

Quienes son sepultados en tumbas comunes sólo van cubiertos con un plástico negro y una etiqueta que ayude a su ubicación en caso de aparecer un familiar después del entierro.

El referido “tiquete” es útil cuando una autoridad judicial ordena la exhumación del cadáver, explicaron los forenses del IML.

Hace varios años un ciudadano de origen español fue sepultado como desconocido y luego sus familiares aparecieron reclamando su cadáver. Gracias a esa etiqueta se logró identificar el cuerpo entre los otros que fueron sepultados en la tumba común.

El pasado 16 de julio, cuando las autoridades del IML realizaron el primer entierro masivo de desconocidos de 2010 en una fosa del cementerio de Ciudad Sandino, se sepultaron a nueve personas sin identificar.

El tedioso proceso
de la identificación
Días después aparecieron los padres de uno de los sepultados, quien pereció ahogado en el Lago Xolotlán, pero como las aves de rapiña habían devorado casi la totalidad del cuerpo, hubo que practicarle un examen de ADN a la mamá del desconocido para compararlo con el material genético del fallecido a fin de establecer con certeza el parentesco.

La duda sobre el parentesco del joven surgió porque sus padres dijeron que no estaban ciento por ciento seguros de que se tratase de él.

“El papá del joven dijo tener un 80% de certeza que se trataba de su hijo, y por eso fue que se ordenó que se hiciera la prueba de ADN”, explicó la comisionada mayor Concepción Torres, jefa de la Policía en Ciudad Sandino.

“Aquí no se entrega un cadáver si no estamos ciento por ciento seguro que quien lo reclama es su familiar o pariente”, afirmó el doctor Oscar Bravo, patólogo del Instituto Forense.

Previendo la eventual aparición los parientes de las personas que son sepultadas como desconocidas, las autoridades del Instituto de Medicina Legal siempre dejan muestras fotográficas de la dentadura del fallecido o de algún hueso que permita su posterior identificación.

Para almacenar los cuerpos, el IML cuenta con la morgue más grande del país, porque tiene una capacidad para albergar 15 cadáveres. “Cuando ingresa un cuerpo sin vida se llena un expediente hasta con el más mínimo detalle”, explicó el doctor Bravo.

También en los hospitales

“Por ejemplo hace dos días ingresó el cuerpo sin vida de una persona encontrada cerca de Tipitapa, entonces al expediente se le incorporan los siguientes datos: fecha de ingreso, edad estimada, peso, estatura, color del cabello, ropa que vestía y las pertenencias que portaba”, explicó el patólogo.

Al igual que en el Instituto de Medicina Legal, en el hospital “Lenín Fonseca” hay personas que fallecen y nadie reclama sus cuerpos, por lo que las autoridades hospitalarias y el Estado tienen que destinar recursos para comprarles una fosa en el Cementerio de Ciudad Sandino y sepultarlas con dignidad.

Anualmente en este hospital de referencia nacional fallecen por diferentes causas alrededor de 360 personas, pero sólo una o dos terminan en la fosa común cada mes.

El doctor René Quezada, subdirector del Hospital “Lenín Fonseca”, explicó que la mayoría de las personas a las que ese hospital tiene que enterrar en fosas comunes son indigentes o víctimas de accidentes de tránsito.

En la morgue del “Lenín Fonseca” sólo hay tres gavetas, por lo que cuando aumenta la demanda de espacio, ha habido veces que seis fallecidos tienen que compartir el mismo espacio, siempre y cuando se trate de personas de contextura delgada, explicó Quezada.

Al igual que en el Instituto de Medicina Legal, en el Hospital “Lenín Fonseca” las autoridades dejan una fotografía del difunto sepultado como desconocido, previendo que eventualmente pueda aparecer algún familiar reclamándolo.

“La fotografía es para facilitar la identificación de la persona sepultada como desconocida”, explicó el doctor Quezada.

La exhumación y sus costos
A pesar de que cuentan con una morgue pequeña en comparación a la del Instituto de Medicina Legal, las autoridades del “Lenín Fonseca” esperan hasta dos meses para sepultar a quien muere como desconocido.

Susana Enríquez, jefa de Servicio Social del mismo centro asistencial, señaló que la mayoría de los que mueren en ese hospital --abandonados por sus parientes-- son personas cuyas edades oscilan entre los 40 y 70 años.

“Los muertos que no son retirados por sus familiares, en su mayoría son aquellos que por años vivieron en algún vicio – alcoholismo y drogadicción”, explicó Enríquez.

Las autoridades del IML como las del “Lenín Fonseca” tienen que costear la compra de los terrenos en los cementerios de Nejapa y Ciudad Sandino, cuando nadie reclama al fallecido. Los costos son variables, pero oscilan entre los 2 mil y 2 mil 500 córdobas.

Si aparece un pariente y desea exhumar el cadáver de un desconocido que ya está enterrado, es a la parte interesada a la que le corresponderá realizar los trámites judiciales correspondientes, que valga decir no son fáciles ni baratos ni tan rápidos como deberían ser.