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Doña Andrea Hernández, de 43 años, salió de la comunidad El Manzano Número Dos, en El Viejo, Chinandega, a las cuatro de la madrugada para estar puntual a las diez de la mañana en el Juzgado Quinto Local Penal de Managua. El viaje le costó 400 córdobas.

Dice que a un “amigo” de su hijo le encontraron una “pucho” de marihuana en los bolsillos y cuando le preguntaron su nombre, dio el de su vástago, y eso lo llevó a la cárcel.

Cuando se enteró del problema, doña Andrea Hernández buscó desesperada a un abogado, y cayó en manos de los “corredores”, que son personas que trabajan con algunos defensores en busca de clientela.

“Como yo no conozco a nadie aquí, una persona me recomendó a un abogado. Le pregunté cuánto me cobraría por sacar a mi hijo de la cárcel, --porque yo estaba desesperada--, nunca habíamos andado en cosas de policía ni de juzgados.

El señor me respondió que en mil córdobas, pero yo sólo andaba 400 córdobas y se los di”, relató la madre angustiada.

Su calvario apenas empezaba y sus viajes a la capital fueron más frecuentes, porque su hijo fue remitido al Sistema Penitenciario de Tipitapa, “La Modelo”.

Los gastos de pasajes, alimentación y del abogado corrieron por cuenta del único hijo de doña Andrea, un joven de 19 años, quien “se la rebusca” pescando y cargando camiones en el Ingenio de Chinandega.

De peso en peso

Cuando el dinero empezó a escasear, doña Andrea no tuvo más remedio que empeñar el equipo de sonido que con sacrificios compró en 4 mil 500 córdobas, pero lo perdió por mil 300 que entregó al abogado.

“En la primera audiencia me pidió 500 córdobas, para la segunda me pide otros 500, yo le dije que no andaba, y le di los únicos 300 córdobas que traía.

Después me pidió que fuera a dejar unos papeles a la Fiscalía, pero como yo no conocía me pidió otros 100 córdobas por la gestión”, relató doña Andrea, que tuvo que recurrir a un defensor de oficio cuando ya no tuvo plata para pagar.

El drama que vivió doña Andrea es sólo uno de los que se han suscitado en los 4 mil 950 juicios que se han ventilado en los juzgados penales de Managua en lo que va del año.

Cada proceso penal representa un drama para los familiares de los acusados, porque en Nicaragua el precio de la defensa técnica se rige por la ley de la oferta y la demanda.

Lo único que existe en materia de regulación, es el Código de Aranceles Judiciales y su reforma y la Ley del Notariado, pero estas normas únicamente se refieren a los cobros que los notarios deben realizar por elaborar una escritura, extender un testimonio, autorizar un testamento y hacer un poder, entre otros.

Algunos litigantes penales explicaron que los “corredores” encarecen el costo de una defensa, porque éstos cobran un 20% del monto total que el abogado percibirá en concepto de honorarios. En algunos casos se quedan hasta con el 50% de lo que cuesta un trabajo.

Es por ello que algunos profesionales del Derecho prescinden de los servicios de estos corredores.

Las “tarifas”

Varios juristas consultados revelaron que el precio de la defensa depende del tipo de delito y las circunstancias, de la personalidad del detenido, la cuota de responsabilidad, y en última instancia “de la bolsa del cliente”.

Los juicios por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado son los mejores pagados, a pesar de los riesgos que conllevan.

Un abogado que defienda a un detenido por cualquiera de estos delitos puede ganar más de 100 mil dólares en un caso “grande”.

Luego siguen los juicios por delito de violación, asesinato y homicidios. El precio por defender a una persona en este tipo de casos, supera los cinco mil dólares.

Los robos comunes son los más mal pagados, porque la tarifa no pasa de 500 dólares.

Así como hay clientes buenos, también hay malos, los que pasan a formar parte de la lista de los “mala paga”, y a quienes ningún abogado de los que litigan en “Vietnam”, --como es conocido el Complejo de Nejapa--, quiere llevarles el caso.

El abogado Roberto Cruz reveló que a él le han quedado mal clientes de todos los estratos sociales.

“En un caso de drogas donde eran tres mis defendidos, iba a cobrar 20 mil dólares, y al final no vi ni un solo billete. En otro caso ejercí la defensa en todo el proceso y el propio día del juicio me cambiaron y sin pagarme”, recordó Cruz.

Después de aprender la dura lección, ahora lo que Cruz hace es un contrato previo con el cliente, pero ni así se salva de los “mala paga”, porque ha tenido que demandar a uno que otro por incumplimiento en el área Civil, pero tampoco ha tenido buenos resultados, ya que ahí los juicios pueden durar hasta tres años.

El contrato no es garantía de nada y más bien encarece el servicio para el usuario de defensa.

Atados a los mala paga

“A mí los clientes me prometen, me llevan de mañana en mañana, y al final no me pagan, pero no puedo abandonar la causa, porque me pueden denunciar ante la Corte Suprema de Justicia por mala defensa y me pueden amonestar; ya con tres llamados de atención a uno le suspenden el carné de abogado por un año, o bien, te pueden multar”, reveló el abogado Carlos Chavarría.

Otros profesionales del Derecho revelaron que para evitar que los clientes “los dejen colgados de la brocha con sus honorarios”, diseñan un plan estratégico.

“Para ver el sol claro he decidido cobrar mis honorarios en las diferentes partes del proceso; es decir, el 50% en la primera audiencia, un 25% cuando se hace el intercambio de pruebas y el otro 25% en el juicio, sin prometer la libertad, porque yo les aclaro a mis clientes que eso no está en dependencia mía sino en el judicial”, manifestó el abogado Bismarck Quezada.

Quezada es uno de los abogados más cotizados y reconocidos en los juzgados, porque él hace su propia investigación del caso antes de entrar a defender. No se queda sólo con las diligencias que hacen la Policía y la Fiscalía.

Precisamente en eso coincidieron los diferentes juristas consultados: la ciudadanía no comprende que el honorario que cobra el abogado no es sólo por hacer un alegato ante un juez. Hay que conocer la ley, hacer una investigación paralela, a fin de proponer pruebas y testigos de descargo, además en algunos casos hay que buscar peritos independientes y éstos no llegan a un juicio de gratis.

Muchos los acusados pocos los defensores

Las familias de escasos recursos pueden evitarse el drama de buscar y pagar a un defensor privado haciendo uso de la Defensoría Pública, la institución estatal que ejerce la defensa técnica del detenido sin costo alguno desde la primera audiencia hasta la fase final de casación.

A nivel nacional existen 280 defensores públicos, de los cuales 70 están destinados para la capital, informó Clarissa Ibarra, Directora de la Defensoría Pública.

“En los únicos delitos que no damos acompañamiento son en los casos de violencia intrafamiliar y omisión deliberada de prestar alimentos”, reveló la funcionaria.

Cada defensor público tiene asignados unos 20 casos. A consecuencia de eso, los defensores públicos limitan su estrategia de defensa a la refutación de pruebas.

Sin embargo, los jueces valoraron positivamente su desempeño en los procesos: “Están muy bien preparados técnicamente, al igual que los abogados privado, quienes ya han recibido talleres y capacitaciones para conocer mejor el Nuevo Código Penal”, comentó el Juez Séptimo Distrito de Audiencia Abelardo Alvir Ramos.

“Hay buenos, pero también hay otros a los que se les llama la atención como autoridad; igual pasa con los abogados privados”, dijo la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Lorena Martínez.