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Luis Moisés Vado fue acusado por robo con intimidación en el Juzgado Octavo Penal de Audiencia, donde le decretaron el arresto domiciliar, “pero no corrieron ni los diez días que la ley otorga para la siguiente audiencia, cuando lo capturaron por otro delito”, reveló Oscar Ruiz, quien fungió como su abogado en su momento.

Historias como la anterior suelen suceder cuando el judicial le otorga a una persona el “arresto domiciliar”, el que se supone, el procesado debe cumplir recluido en su casa, pero eso casi nunca sucede.

Por eso las víctimas de los delitos ven con “malos ojos” esa medida cautelar y se quejan del actuar de los jueces cuando lo otorgan.

“Yo diría que en diez de cada cien casos, los procesados se dedican a delinquir o bien continúan su vida social, pese a que se les explica qué significa el arresto domiciliar”, aseveró Ruiz.

El arresto domiciliar es una de las 16 medidas cautelares establecidas en el artículo 167 del Código Procesal Penal.

Antes de conceder esta medida, los jueces tienen que hacer un análisis del acusado y de las circunstancias del hecho, aunque la ley establece claramente que el arresto domiciliar no se puede otorgar cuando se trata de casos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, falsificación de documentos públicos o en delitos donde el Estado es la víctima.

Tampoco se les puede otorgar a personas señaladas por agresión sexual o violencia intrafamiliar.

¿Quién los vigila?

¿Pero quién vigila a quienes gozan de esta medida cautelar personal? No existe ninguna persona u organismo encargado de vigilar a los procesados para que cumplan el arresto domiciliar, se abstengan de ir a trabajar y de hacer otras “diligencias”, como suele suceder.

“No podemos controlar si esta persona cumple realmente la medida cautelar del arresto domiciliar, (eso) le toca a la víctima, a la Fiscalía, o al acusador particular. No podemos verificar si la persona está cumpliendo o no. Cuando se impone la presentación periódica para firmar, eso sí podemos controlarlo, pero controlar el arresto domiciliar es imposible para el Poder Judicial”, reconoció José Luis Araica, juez suplente del Juzgado Cuarto Penal de Audiencias.

Mala interpretación

Para la Fiscalía la raíz del problema es la discrecionalidad judicial. “Muchas veces nosotros (Ministerio Público) solicitamos la prisión preventiva y el judicial decreta el arresto domiciliar, también solicitamos el arresto domiciliar que el judicial debe controlar a través de las fichas de procesados, cuando le decreta la presentación periódica”, señaló Magda Matus, directora específica de Tribunales del Ministerio Público.

Sin embargo, para los jueces el problema no es la medida en sí, sino cómo se interpreta: “Los procesados creen que tener el arresto domiciliar significa que pueden movilizarse por toda la ciudad, pero no es así”, aclara José Luis Araica.

Señaló que cuando él aplica el arresto domiciliar, le explica al acusado que debe estar dentro de su casa y no en el domicilio, es decir, en Managua.

“Hace poco revoqué un arresto domiciliar, porque la persona mandó a decir que no asistió a la audiencia porque estaba trabajando en una ONG. Él no tenía que hacer eso, porque la prisión debe ser en su casa. Aunque trabajar es un derecho constitucional, el arresto domiciliar es una imposición judicial para el que está enfrentando un proceso penal y por eso se le quita el derecho de la libre movilidad”, comentó Araica.

Otros judiciales comentaron que los acusados siempre, por una u otra razón, violentan las medidas que se les aplican.

“Hoy suspendí un juicio, pese a que estaban los miembros del tribunal de jurado, los testigos, los peritos policiales, los forenses, todos menos el procesado, quien mandó a decir que andaba en Jinotega realizando unos mandados. Después nos critican diciendo que suspendemos los juicios, pero son estas cosas las que ocasionan la retardación de justicia”, señaló Adela Cardoza Bravo, jueza Segundo Penal de Juicios de Managua.

Explicó que desde años anteriores ha existido la preocupación de los jueces para buscar un organismo que haga cumplir el arresto domiciliar a cabalidad.

Y es que el Poder Judicial no cuenta con un equipo de psicólogos, sociólogo o trabajadores sociales que apoyen a los jueces y visiten la comunidad donde el reo vive.

Se necesitaría también coordinar acciones con la Policía para conocer qué están haciendo los procesados durante su arresto domiciliar.

Hay casos excepcionales en los que el procesado sí puede violentar el arresto domiciliar: una emergencia médica, hospitalización o tener problemas de carácter humanitario (como la muerte de su madre, padre o hijos), pero estas situaciones tienen que comprobarse ante el juez con documentos, para que no le sustituyan la medida por una más gravosa (la prisión en este caso).

Para alegar incumplimiento, hay que probar

“El Ministerio Público, que es el representante de la víctima, puede solicitar el arresto domiciliar para el acusado de acuerdo con las circunstancias y manera en que ocurrieron los hechos. Generalmente se pide en los delitos menos graves, como amenazas, estafa, hurto, homicidio imprudente y aquellos delitos en los que no está incluido el dolo, pero se prioriza la prisión preventiva en delitos graves como homicidios, asesinatos o violación, donde el único interés es que el acusado se presente en el juicio”, señaló la fiscal Magda Matus.

“Hay muchísimos casos en los que las víctimas vienen a pedirnos que quieren que se revoque la medida cautelar de arresto domiciliar por la prisión, porque ha sido violentado. Para corroborar la información, entrevistamos a testigos y si hay fotografías, es mucho mejor”, comentó Matus.

Explicó que han tenido muchos casos en los cuales las víctimas les manifiestan que están siendo nuevamente amenazados por el acusado y ponen la denuncia, pero ésta no sirve como prueba ante el judicial.

Control judicial

El Poder Judicial se apoya mediante el sistema denominado Nicarao para verificar si la persona a la cual se le concedió la medida cautelar de arresto domiciliar con presentación periódica y firma de ficha de control, está cumpliendo.

El sistema se implementó desde hace tres años, cuando entró en vigencia el sistema de gestión de despacho judicial.

Hasta el 9 de noviembre de este año, se presentaron 54 mil 567 acusados a firmar la ficha al Complejo Judicial Nejapa de Managua.

“Los lunes y viernes recibimos entre 480 a 500 procesados cada día, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, para esos días pedimos apoyo policial, más la seguridad del Complejo Judicial, porque hay procesados que se molestan por las largas filas. El resto de días vienen entre 150 a 200 personas”, informó Argentina Sotelo, responsable de la Oficina de Presentación de Procesados.

En la oficina hay tres lectores de huellas, donde el procesado pone su dedo pulgar y automáticamente aparece reflejado en la pantalla de la computadora el nombre y el juzgado donde está siendo enjuiciado, en ese momento al imputado le informan de la siguiente fecha que tiene que ir a firmar.

Sotelo explica que pese a que tienen el sistema computarizado, siempre hacen uso de las fichas físicas de procesado, porque muchas veces falla el sistema Nicarao o la energía eléctrica.

Cuando el procesado no se presenta a firmar los días asignados, “ponemos en conocimiento al judicial, y cuando las faltas son reiteradas, lo citan a audiencia especial y si no se presenta al llamado del juez, le sustituyen el arresto domiciliar por la prisión preventiva”, explica Sotelo.

A la Oficina de Presentación de Procesados también llegan a firmar los convictos que se encuentran a la orden de los jueces de ejecución de penas, es decir los que ya fueron condenados, pero que purgan su pena en su casa con el arresto domiciliar o en libertad condicional.