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Afirmar que Harvey Weinstein era uno de los hombres más poderosos de Hollywood no es ningún exceso, se puede constatar con cifras: es la segunda persona más nombrada en los discursos de los premiados en los Óscar (34 veces), solo superado por Steven Spielberg y empatado con Dios.

Desde que en octubre saliera a la luz su “faceta como depredador” sexual, Weinstein, de 66 años, ha sido despedido de su productora, expulsado de la Academia del Cine, abandonado por su mujer y repudiado por sus colegas; una caída a los infiernos que tocó techo, cuando el magnate se entregó en una comisaría de Manhattan.

La ley y el dinero

Con el procesamiento del poderoso productor cinematográfico Harvey Weinstein, la justicia parece confirmar que nadie escapa a la ley en Estados Unidos, pero su riqueza y celebridad, en particular en los casos sexuales, permiten en general que el acusado salga mejor parado.

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Esta ambivalencia se verifica en el caso de Weinstein, procesado ayer por violación y agresión sexual, pero dejado en libertad contra el pago de una fianza a la altura de sus cuantiosos recursos.

Su fortuna le permite contratar a Benjamin Brafman, un prominente miembro de la asociación de abogados de Nueva York, quien cuenta entre sus defendidos a Michael Jackson y Dominique Strauss-Kahn, exdirector gerente del FMI.

Esas dos personalidades, acusadas de agresiones sexuales, jamás fueron penalmente condenadas, saldando sus procedimientos civiles con acuerdos financieros.

Según la opinión generalizada, si bien la justicia condenó a Weinstein, lo hizo con mucho atraso en relación con hechos concordantes reportados durante un largo período por un centenar de mujeres.

“Privilegiado”

“Pensaba que nunca llegaría este día”, confió el viernes la exactriz Rose McGowan, quien afirma haber sido violada en 1997 por el magnate de Hollywood.

Subrayó que el productor es un “privilegiado”, ya que fue procesado al inicio de un fin de semana largo (Memorial Day), cuando los estadounidenses ya se desconectan de la realidad.

Más que en otros países, el sistema judicial estadounidense otorga un papel importante a la negociación entre la defensa y la fiscalía.

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Nueve de cada 10 casos penales terminan en una pena negociada con el fiscal y no en un veredicto dictado por un jurado.

Brafman advirtió además que tiene la intención de continuar sus “conversaciones” con la fiscalía a fin de “disuadirla” de continuar el proceso contra su cliente.

Además de rodearse de los abogados más tenaces, los acusados de alto vuelo pueden apagar los escándalos y las acciones judiciales por medio de cláusulas de confidencialidad muy rígidas.

El abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, ha hecho de ellos su especialidad.

El dinero permite también a las celebridades lanzar sus propias investigaciones, confiadas a detectives privados, con el objetivo de desacreditar a sus acusadores.

Recientemente, Tom Mesereau, otro abogado vedette del caso Michael Jackson, desenterró el pasado de Andrea Constand, la principal acusadora del comediante Bill Cosby, finalmente declarado culpable de agresión sexual a fines de abril.

Al igual que Weinstein, Cosby debió rendir cuentas ante la justicia muy tardíamente. Ello se explica en parte por el cambio de mentalidad ilustrado por el movimiento #MeToo.

Fiscales timoratos

En Estados Unidos la notoriedad también tiene por efecto enlentecer el engranaje judicial.

En un país en el que los fiscales son elegidos por los electores de su distrito y su gestión es sometida al veredicto de las urnas, algunos son reticentes a atacar a celebridades o benefactores.

Son todavía más reticentes en casos en que las posibilidades de éxito sean escasas, un extremo que puede descarrilar sus carreras. Al mismo tiempo, las acusaciones de agresión sexual se cuentan entre las más difíciles de probar.

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El fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, fue recientemente criticado por haber evitado procesar a Weinstein en 2015, luego de la demanda de una modelo italiana pese a una grabación en la que el productor reconocía manoseos y que todavía la acosaba. Este demócrata ya había sido criticado en 2011 por haber abandonado el caso de Strauss-Kahn.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los estadounidenses sostiene firmemente el principio de que “la justicia debe ser igual para todos”, la divisa grabada en el frontispicio de la Corte Suprema en Washington.

Ello supone aplicar el mismo tratamiento a todos los sospechosos y principalmente en el procedimiento de registro judicial muy denigrante en términos de imagen: la toma de huellas digitales, fotografía de frente y perfil, así como la exhibición de la persona esposada, independientemente de su fama. Weinstein debió someterse a esa rutina. Algunas de sus víctimas encontraron en ello un motivo de alivio.